Muchos son los informes que se generan en cualquier
Institución. De hecho, cada expediente administrativo debe incorporar al menos
uno, aunque sea el de su cierre. Y, en principio, debiera estar firmado por el
funcionario correspondiente. Pero, cada vez son más frecuentes los informes
encargados a consultoras externas aduciendo falta de medios materiales o
humanos para poder abordar su contenido desde el departamento que lo solicita.
Una circunstancia en principio correcta, salvo cuando existen otros intereses
para su solicitud. Hace mucho tiempo que se hicieron famosas las auditorias
contratadas para poner “negro sobre blanco” aquellas decisiones que todo el
mundo sabía que había que tomar, pero cuya responsabilidad nadie quería
asumir. Se contrataba el informe, éste
decía lo que se esperaba que fuera a decir y se tomaba la decisión (normalmente
reorganizaciones departamentales con “efectos colaterales” sobre personas) de
la que se echaba la culpa al informante mientras el responsable del
departamento se lavaba las manos como Pilatos.
Ultimamente están floreciendo otros casos, donde también se busca aprovecharse del informante, pero con otros objetivos. Son aquellos donde el responsable departamental se propone hacer aquello que todo el mundo sabe que no hay que hacer, pero sobre lo que él ya ha tomado la decisión de hacer. Lógicamente, no encuentra funcionario que quiera asumir la responsabilidad de firmarlo y por ello, no le queda otra que contratar a un consultor que asuma sus criterios para poder vender ante la opinión pública lo que él considera una medida estrella.
