La
economía es un tema oscuro para la mayoría de la ciudadanía que sólo alcanza a
ver sus consecuencias cuando le afectan a su bolsillo. Y esa oscuridad no es
fruto exclusivamente de la complejidad de la materia, sino del interés que
tienen quienes la dominan en que no se conozca la realidad de algunas cosas con
el fin de blanquear con su discurso situaciones que, bien explicadas, nunca
serían compradas por la opinión pública. Por eso voy a recordar algunos
episodios de la transición, poco conocidos hoy en día, que avalan la
calificación de contrarreforma de las intenciones hechas públicas por algunas
de nuestras Instituciones Forales.
En
1977 la Unión de Centro Democrático, partido líder de la transición en España,
acudió a las primeras elecciones democráticas celebradas en junio de ese año
con un programa electoral en el que sostenía que la lucha contra la crisis
económica debía venir acompañada de una reforma fiscal que debería asentarse en
la lucha contra el fraude fiscal, en la eficacia del impuesto sobre la renta,
en evitar que las plusvalías reales y otras fuentes de riqueza escapen a la
acción fiscal y en la absorción gradual de la financiación de la Seguridad
Social por el Estado. Unos planteamientos que trajeron como consecuencia la
aprobación de la Ley 50/1977, sobre medidas urgentes de reforma fiscal. Una ley
aprobada en el Senado con el rotundo resultado de 180 votos a favor, 10
abstenciones y ninguno en contra y que incluía tres novedades importantes en el
panorama fiscal español: la introducción del impuesto sobre el patrimonio, la
tipificación del delito fiscal y la obligatoriedad de la publicación de las
listas con las bases imponibles y las cuotas ingresadas por los contribuyentes
de renta y de patrimonio. Tras las medidas urgentes, los primeros proyectos de
ley con contenido fiscal remitidos a Las Cortes fueron los correspondientes al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre el Patrimonio
Neto y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resulta
curioso ver cómo esos mismos principios siguen vigentes 42 años después,
(incluido que el Estado aborde temas hoy financiados por la Seguridad Social) y
cómo las primeras medidas que se pusieron en marcha para su consecución, o han
sido eliminadas o se están poniendo en cuestión. No existen listas de
contribuyentes y los poderes económicos apuestan por una contrarreforma fiscal
que suprima los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
También en Euzkadi y, lo que es más grave, apoyados por algunas de las
Diputaciones.
ETA
fue la responsable de la primera medida de contrarreforma fiscal. Efectivamente,
la primera medida en caer fue la publicación de las listas de contribuyentes. Las
listas vieron por primera vez la luz el 31 de marzo de 1979 y varios periódicos
se hicieron eco de ellas en los días siguientes incluyendo comentarios en los
que se ponía de manifiesto indicios de fraude en los datos declarados por
personas públicas de distintos ámbitos, dando la razón a quienes pensaban que la
publicación de las listas suponía una medida de lucha contra el fraude fiscal. Pero,
en 1981 ETA secuestró a Luis Suñer, empresario valenciano que había aparecido
en lugar destacado en las listas publicadas en 1980 y esta acción provocó una
presión en la opinión pública que acabó, con la publicación del Real Decreto
Ley 5/1981, dejando en suspenso la publicación de las bases y cuotas declaradas
e ingresadas por los Impuestos sobre la Renta y Patrimonio de las Personas
Físicas. El efecto temporal de la suspensión se presumía breve, puesto que se
vinculaba a la discusión en Las Cortes un proyecto de Ley que pretendía reducir
la lista de contribuyentes a publicar, limitando el ámbito de las mismas a
quienes ejerciesen cargos de elección popular (excepto Alcaldes y Concejales de
Municipios de menos de 15.000 habitantes), Presidentes y Gobiernos de
Comunidades Autónomas y quienes se nombrasen mediante Real Decreto. El proyecto
de Ley también pretendía que se publicase la lista de defraudadores. Pero nunca
llegó a convertirse en ley ya que las Cortes se disolvieron en 1982 sin que se
hubiese culminado su tramitación. Y así, la suspensión ha llegado hasta
nuestros días.
Tuvieron
que pasar muchos años, décadas, hasta que las distintas normativas de
transparencia de las que se han ido dotando distintas instituciones
incorporasen la publicación de los datos relativos a renta y patrimonio de los
cargos de representación y cuando esto se hizo pareció un logro de la
democracia y de la transparencia como un medio de lucha
contra la corrupción política. Sin embargo, la corrupción política no deja de
ser una pequeña parte de la corrupción existente o, incluso, un medio al
servicio de la corrupción de los grandes intereses económicos y no se entiende
que la publicación de los datos de renta y patrimonio no afecte a los miembros
de los Consejos de Administración de las grandes empresas cotizadas en bolsa y
que no se haga por las autoridades fiscales correspondientes.
También
existe, sí, la publicación anual de la lista de los deudores de Hacienda. Pero
también ésta es una lista tramposa, puesto que sólo afecta a aquellos de deben
más de un millón de euros y mantiene ocultos a quienes han solicitado
aplazamientos de pago de sus deudas. Resulta curioso que deban ser publicados
en los correspondientes boletines oficiales los nombres de los particulares y
empresas que obtiene ayudas y subvenciones públicas y no los de aquellos que
obtienen el beneficio fiscal de un retraso en el pago de impuestos. Retraso
que, en algunos casos, más de los deseables, se convierten en eternos al resultar
fallidas las deudas.
Llegados
a este punto resulta llamativo, si no cabreante, que no exista una lista oficial
de delincuentes fiscales en línea con la que se pretendía implantar en 1981 y
todavía más que no haya habido responsable público de Hacienda, ya sea
Ministro, Consejero o Diputado Foral que haya comparecido a petición propia
ante la comisión del legislativo correspondiente con el fin de hablar no de
números, en la lucha contra el fraude fiscal, sino de nombres. Sí. De nombres,
apellidos y razones sociales de quienes debiendo contribuir a las cargas
públicas evitan sus obligaciones de forma fraudulenta. Y no vale la excusa de
atentado contra la intimidad de las personas: las sentencias son públicas.
Hoy
no existen listas de contribuyentes y algunos pretenden que desaparezcan los
Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones en toda una
estrategia contrarreformista. Son grupos privilegiados que pretenden que
existan desgravaciones poco fundadas, como las correspondientes a los gestores
de fondos de inversión, y disfrutar de riqueza y plusvalías no gravadas, tratando
de hacer realidad esta contrarreforma. Pero la sociedad no puede tolerar que
los intereses de estos primen sobre el resto de los ciudadanos. Son los mismos
privilegiados que se oponían a la reforma en 1978 como denunciaba Antonio
Santillana del Barrio, por aquel entonces Secretario general técnico del
Ministerio de Hacienda, en su artículo La Reforma Fiscal publicado en el País el 1
de febrero de aquel año.
En
ocasiones suelen aparecer en los medios de comunicación españoles noticias
sobre cómo personas famosas del mundo del deporte, de la economía o de la
política, que aparecen habitualmente envueltos en la bandera rojigualda, forman
parte de listas de contribuyentes con cuentas ocultas en Andorra, Suiza o
cualquier paraíso fiscal. O que, directamente, deciden trasladar su residencia
a Miami. Patriotas para recibir y no para dar. Sería interesante poder contar
hoy en día, ya que ETA hace tiempo que dejó de matar y extorsionar, con las
listas de contribuyentes de IRPF y Patrimonio y así conocer quiénes son los
vascos de “pro” que alardean de su amor por el “País Vasco” y han decidido
trasladar su domicilio fiscal al paraíso madrileño y quiénes los que están
amenazando con hacerlo si las instituciones “no se avienen a razones” y “no
reforman nuestro sistema fiscal en el sentido que demandan las condiciones del
mercado”. Está claro que estas personas no son abertzales. Ni vasco-españoles.
Ni tan siquiera españoles. Son simplemente capitalistas. ¿Vamos a permitir en
Euzkadi que estos privilegiados apátridas consigan que nuestras instituciones
de autogobierno nos retrotraigan en materia fiscal a un régimen anterior a la
transición española?
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Esperemos que impere la sensatez democrática y no se cumplan esos malos presagios!
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