La
economía es un tema oscuro para la mayoría de la ciudadanía que sólo alcanza a
ver sus consecuencias cuando le afectan a su bolsillo. Y esa oscuridad no es
fruto exclusivamente de la complejidad de la materia, sino del interés que
tienen quienes la dominan en que no se conozca la realidad de algunas cosas con
el fin de blanquear con su discurso situaciones que, bien explicadas, nunca
serían compradas por la opinión pública. Por eso voy a recordar algunos
episodios de la transición, poco conocidos hoy en día, que avalan la
calificación de contrarreforma de las intenciones hechas públicas por algunas
de nuestras Instituciones Forales.
En
1977 la Unión de Centro Democrático, partido líder de la transición en España,
acudió a las primeras elecciones democráticas celebradas en junio de ese año
con un programa electoral en el que sostenía que la lucha contra la crisis
económica debía venir acompañada de una reforma fiscal que debería asentarse en
la lucha contra el fraude fiscal, en la eficacia del impuesto sobre la renta,
en evitar que las plusvalías reales y otras fuentes de riqueza escapen a la
acción fiscal y en la absorción gradual de la financiación de la Seguridad
Social por el Estado. Unos planteamientos que trajeron como consecuencia la
aprobación de la Ley 50/1977, sobre medidas urgentes de reforma fiscal. Una ley
aprobada en el Senado con el rotundo resultado de 180 votos a favor, 10
abstenciones y ninguno en contra y que incluía tres novedades importantes en el
panorama fiscal español: la introducción del impuesto sobre el patrimonio, la
tipificación del delito fiscal y la obligatoriedad de la publicación de las
listas con las bases imponibles y las cuotas ingresadas por los contribuyentes
de renta y de patrimonio. Tras las medidas urgentes, los primeros proyectos de
ley con contenido fiscal remitidos a Las Cortes fueron los correspondientes al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre el Patrimonio
Neto y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resulta
curioso ver cómo esos mismos principios siguen vigentes 42 años después,
(incluido que el Estado aborde temas hoy financiados por la Seguridad Social) y
cómo las primeras medidas que se pusieron en marcha para su consecución, o han
sido eliminadas o se están poniendo en cuestión. No existen listas de
contribuyentes y los poderes económicos apuestan por una contrarreforma fiscal
que suprima los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
También en Euzkadi y, lo que es más grave, apoyados por algunas de las
Diputaciones.
