Sí, hablo de líneas ideológicas y de datos. La fiscalidad
no deja de ser una parte de la política presupuestaria. No basta con decidir cuánto
y en qué gastar, es preciso indicar también de dónde se van a obtener los
recursos para su financiación. De qué figuras impositivas, con qué tipos y deducciones
y en qué plazos. Desde ambas partes, ingresos y gastos, se puede trabajar para conseguir
los retos de la sociedad que queremos construir y hacerlo de un modo más solidario.
Por eso, la reforma no se puede abordar desde un liderazgo presuntamente aséptico
y técnico, sino que es necesario hacerlo desde la posición ideológica de
quienes ostentan la representación mayoritaria de la ciudadanía.
Y también se necesitan datos. Para evaluar si las actuales
políticas de gasto están consiguiendo los efectos pretendidos. Las
instituciones públicas llevan años gastando importantísimas cantidades de
dinero en temas de movilidad. Pero, a la hora de acometer el gasto ¿se conocen
los objetivos perseguidos?, ¿se evalúan los resultados a posteriori? ¿Es
coherente con los objetivos de sostenibilidad construir el subfluvial de
Lamiako, o necesita ser ecoblanqueado con un tren lanzadera? ¿Por qué la
Diputación de Bizkaia (sin competencias ferroviarias) encarga al Consorcio de
Transportes un estudio para tal tren? Si Eusko Trenbide Sarea no tiene
presupuesto para llevar el metro hasta el Hospital de Galdakao, ¿por qué se
empeña en construir el tranvía de Zorrozaurre cuando ese servicio se podría
prestar de un modo más eficiente y económico por el Ayuntamiento de Bilbao con
autobuses eléctricos? Cuando todas las administraciones apuestan por favorecer
el uso de la bicicleta, ¿se sabe cuántos usuarios de este medio van a dejar el
coche en su casa? o ¿se duplicará el gasto porque dejarán de usar otro modo de
transporte público como metro, tren o autobús? Una gestión eficiente de estas
cuestiones ahorraría unos cuantos millones de euros a la ciudadanía.
En los
órganos burocráticos próximos a las direcciones políticas de las distintas
instituciones públicas, cada vez hay más asesores, más casillas en los
organigramas y cada vez el rango de sus ocupantes es mayor. Otra bolsa de la
que sacar dinero para cubrir demandas sociales como reducir
los plazos en la atención sanitaria, mejorar la intervención social, la
formación aplicada o invertir en investigación.
Parece,
por tanto, que la “suficiencia financiera”, tantas veces aludida en las
reformas fiscales enmarcadas en políticas expansivas, se puede conseguir más
fácil si previamente se analizan al microscopio las partidas de gasto. Pero, también
el ingreso requiere de actuaciones claras y contundentes para incrementar su
eficiencia. Y para ello se deben utilizar todas las competencias que el Concierto
Económico pone en nuestras manos. Empezando por la lucha contra el fraude
fiscal. Si los juicios son públicos y las penas también, ¿por qué todavía no ha
habido ningún Diputado, Consejero, o Ministro de Hacienda que haya acudido a sus
respectivas Juntas Generales o Parlamento a exponer quienes son los
delincuentes fiscales de su Territorio y a cuánto ascendía el botín que cada
cual pretendía sustraer al erario público? Sería bueno que la ciudadanía conociese
a quienes se han querido pasar de listos y me gustaría que Euzkadi fuese
pionera en esta faceta.
Es
cierto que, con fines disuasorios, desde hace unos años se publican las listas de
contribuyentes con deudas superiores a 1.000.000€. Pero este asunto también
tiene su trampa. Las deudas aplazadas no se publican y, sin embargo, no dejan
de ser una ayuda o la concesión de un préstamo por parte de la Administración. Es
sorprendente que las ayudas gestionadas a través del presupuesto de gastos deban
ser publicadas y las que afectan a ingresos se oculten.
Y el
tema puede llegar ser tremendamente preocupante si, como ocurre en el impuesto
sobre sociedades, “los beneficios empresariales son objeto de numerosos
ajustes para determinar la base imponible y, además, la carga fiscal se ve
condicionada por la aplicación de incentivos fiscales, regímenes fiscales y créditos
fiscales procedentes de ejercicios anteriores” como se argumentaba en la exposición de motivos de los
gravámenes a las energéticas y a la banca aprobados el año pasado en el
Congreso. Los beneficios fiscales se acumulan año a año sin que se pueda
calcular a priori el volumen total concedido, mientras las partidas de gasto
tienen carácter limitativo y, salvo excepciones, se aprueban año a año. Parece
necesario, en consecuencia, unirse a quienes demandan un tipo mínimo sobre los
beneficios de las empresas que se pague sí o sí.
Pero si
hay una diferencia totalmente injusta es la que asigna el IRPF al origen de la
renta. Si un euro proveniente del trabajo tiene la misma capacidad de compra que
uno proveniente del ahorro y resulta más costoso de conseguir, ¿tiene alguna
explicación que los del trabajo puedan llegar a tributar hasta un 49% y los del
ahorro sólo al 25%? En la declaración de la renta de 2020 esa diferencia de
tipos supuso que en Bizkaia se dejasen de ingresar 222,5 millones de euros, de
los que 110,5 MM€, la mitad, se los ahorraron contribuyentes con una base
liquidable superior a 180.000€. Un dato que va contra la pretendida
progresividad del impuesto y, por supuesto, contra su equidad. Como atenta
contra la equidad que los contribuyentes con bases liquidables inferiores a
42.000€ soporten unas sobrerretenciones que provocan que la declaración de la
renta les salga a devolver. El conjunto de los excesos aportados por esos
contribuyentes, cuya rápida devolución Hacienda vende como éxito sin serlo, ascendió
en 2020 a 213,3 MM€. Por contra, quienes declararon bases superiores a esos
42.000€ abonaron en su liquidación un importe neto de 102 MM€, pagando un 60% entre
cuatro y seis meses después de finalizar el ejercicio correspondiente y con la
posibilidad de abonar el 40% resultante sin ningún interés, hasta 10 meses
después de finalizado el ejercicio. Eso…, si no solicitaron aplazamiento. Todo
un ejemplo de pobres financiando a ricos.
El otro impuesto sobre el que la reforma debe actuar es
el de Patrimonio. Un impuesto que debe contribuir al objetivo de redistribución
de la riqueza y que sólo contribuye, en escasa medida, a la distribución de la
renta ya que la tributación conjunta por este impuesto y por el IRPF está
topada. Aparte de este tope, también es de tener en cuenta el importante agujero
en su normativa al fijar la valoración de los inmuebles en el 50% de su valor mínimo
atribuible. Esta circunstancia supuso que se dejasen de ingresar 23 MM€ en la
declaración de Patrimonio del ejercicio 2020.
Para EAJ-PNV
y PSE la reforma debe aumentar la progresividad y responder a los retos que
afronta la sociedad vasca. La progresividad supone que los contribuyentes deben
satisfacer, a medida que su renta y/o riqueza aumenta, una cantidad de impuestos
más que proporcional a su incremento de renta y/o riqueza y eso a los más ricos
y/o a los de más renta no suele gustarles mucho. Así lo expuso el año pasado el
colectivo Zedarriak, en su controvertido informe, al arremeter contra los tipos
para contribuyentes con más de 70.000€ de renta y contra el propio impuesto
sobre el Patrimonio. Tampoco es raro escuchar a empresarios amenazar
con trasladar su residencia y sus empresas a otros lugares con una menor
fiscalidad. Por ello, el debate ideológico y no tecnócrata es fundamental en
esta reforma. Quien fuera Presidente del EBB del PNV, Xabier Arzalluz lo tenía
claro: “aquel que tiene que besar la mano de quien le da el pan nunca será
libre”. Frente a esta reforma sólo hay dos actitudes: avanzar realmente en la
progresividad impositiva, aunque algunos “patriotas” decidan
abandonar el País, o conformarnos con las migajas que vayan cayendo al camino
marcado por quienes opinan como Zedarriak. No sólo la justicia fiscal está en
juego. También lo está la democracia.
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Transición,
ETA y contrarreforma fiscal en Euzkadi.
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