Los ricos también lloran (y al fisco más)

            Acaba de finalizar una campaña electoral donde la mayoría de los medios de comunicación ha dedicado grandes titulares, y la mayor parte de sus páginas y horarios de máxima audiencia, a mítines y debates televisados en los que las principales proclamas han versado sobre quién es el más español de España, cuántas naciones hay en España y cuántos partidos habrá en España si alguna de las formaciones (nunca mejor dicho) que se presenta llega al poder. Temas todos ellos muy distantes de lo que debiera debatirse en unas elecciones. Es decir, de conocer cuáles son las propuestas de gobierno para resolver los problemas que afectan en el día a día al conjunto de la ciudadanía, a partir de acuerdos mayoritarios asentados sobre bases democráticas. Acabamos de salir de una crisis y según parece estamos a las puertas de otra. Nada nuevo si tenemos en cuenta que la economía, como casi todo en la vida, está llena de ciclos. Pero lo preocupante es que no hemos debido aprender las lecciones en términos de democracia, o de ausencia de ella más bien, que nos ha dejado la última. Por ello, no se entiende que no hayan estado sobre el tapete electoral de manera clara y contundente medidas para garantizar una vida digna al conjunto de los ciudadanos y, sobre todo, para disminuir las desigualdades sociales. Quizás porque quienes realmente mandan no se presentan a las elecciones.

            A finales del mes pasado se publicó un informe de Credit Suisse según el cual el número de millonarios en España se había quintuplicado entre 2010 y 2019 alcanzando la cifra de 979.000 personas, destacando entre ellas 2.198 que serían “ultrarricas”, es decir que su patrimonio superaría los 50 millones de dólares. Un número, el de los “ultrarricos”, que también ha crecido en los últimos años, y entre los que sobresalen 61 personas cuyo patrimonio rebasaría los 500 millones de dólares. Una clara demostración, otra, de que durante la crisis los ricos se han dedicado a seguir amasando grandes fortunas mientras el paro y los desahucios alcanzaron a quienes menos tenían en niveles no vistos hacía muchísimos años. Además, como otros indicadores demuestran, a día de hoy las condiciones laborales en materia de precariedad y de salarios son claramente peores que antes de iniciarse el último “socavón” económico. La primera conclusión es sabida por todo: los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Pero, las implicaciones en términos de democracia pueden ser mucho más graves de las que se perciben a simple vista. Xabier Arzalluz lo tenía claro: “aquel que tiene que besar la mano de quien le da el pan nunca será libre”.

            Sin embargo parece que, a pesar de estos datos, algunos siguen pensando que es necesario eliminar impuestos como el del patrimonio o el de sucesiones y llegan incluso a afirmar, como lo hizo el fascista Espinosa de los Monteros en el debate electoral de TVE1, que existen personas que deben renunciar a la herencia por no poder pagar el impuesto sobre sucesiones, como si eso afectase a la mayor parte de la ciudadanía. A quienes aseguran esto habría que decirles que el impuesto de sucesiones, como impuesto directo que es, depende a la hora de tributar de circunstancias tales como la relación de parentesco con el fallecido de quien recibe la herencia, del importe heredado y, también, de la normativa  aplicable. Pues bien, en Bizkaia el tipo de gravamen para los cónyuges e hijos se sitúa en el 1,5%, con un mínimo exento de 400.000€ por cada sucesor. No parece por tanto que, en estas circunstancias, las personas más próximas al fallecido deban renunciar a la herencia por motivos fiscales. Claro que si el heredero es primo del fallecido, o un extraño, y la herencia de 2.300.000€ el tipo es del 31,74% y para lo que supere esa cifra del 42,56%. Pero, ¿es que la sociedad debe garantizar el traspaso de semejante riqueza  a cualquier persona sin ningún tipo de tributación? ¿Por qué motivo?

Por lo que respecta al patrimonio, hemos podido leer esta misma semana en DEIA un artículo en el que se afirmaba que el Impuesto sobre el patrimonio “ha dejado de tener sentido”. Este tipo de artículos, los firme quien los firme y se publiquen donde se publiquen, ponen de manifiesto que estamos ante una ofensiva para una involución fiscal tendente a hacer que los que más tienen paguen menos impuestos. Una ofensiva en la que los poderes económicos utilizan sin ningún rubor medios propios de propaganda con nombres tan rimbombantes como Instituto de Estudios Económicos cuyos informes se hacen llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación sin que estos establezcan filtro alguno para realizar el más mínimo análisis crítico. Sólo hay que entrar en la correspondiente página web para leer que dicho Instituto “fue creado en 1979 por un grupo de destacados empresarios españoles… con objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos”. También podríamos conocer que nació “como una Asociación con tres finalidades fundamentales: el análisis de los grandes asuntos de carácter económico y social; la creación y difusión de líneas de pensamiento que orienten, y en su caso modifiquen, la opinión pública dominante sobre cuestiones económicas y sociales; y por último, la formación de empresarios y dirigentes empresariales en el ámbito de la economía libre de mercado, con especial atención al caso concreto español.” Está claro que cumplen muy bien sus objetivos y que están tratando de modificar la opinión pública dominante tratando de ocultar que tras la crisis los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Simple y llanamente porque su objetivo es ahondar esa brecha. No podría ser de otra manera contando entre sus asociados con representantes de entidades empresariales como CEOE, FUNCAS, UNESPA, A.E.B. y UNESA.

Pero lo comentado hasta aquí quedará más corroborado, si cabe, si ponemos un ejemplo. Un ejemplo extremo, si, pero suele ser con los casos extremos con los que se puede ver perfectamente los efectos de una determinada actuación para moderarla en su planteamiento o, en su caso, directamente no llevarla a efecto. El ejemplo no es otro que Amancio Ortega. El empresario español ha sido noticia en varias ocasiones en los últimos días en las páginas económicas, lo que sin duda viene muy bien al objetivo del presente artículo. En primer lugar ha sido noticia al cobrar esta semana 813 millones de los 1.626 que ingresará este año en dividendos de Inditex. Pues bien, si Amancio Ortega fuese contribuyente de la Diputación Foral de Bizkaia el próximo año, sólo a cuenta de esos dividendos, debería ingresar en las arcas forales, a un tipo del 25%, la sustanciosa cantidad de 406,5 millones de euros aproximadamente. Supongamos ahora qué ocurriría si esos ingresos los hubiese obtenido por su participación en la Dirección de la empresa. Pues directamente que, al ser rendimientos de trabajo personal, el tipo al que hubiese tenido que tributar hubiese sido del 49% y como resultado hubiera tenido que pagar casi el doble: unos 797 millones de euros. Pero es que los titulares de las 37.275 declaraciones de Renta 2016 (última con datos publicados) que presentaron rentas por encima de 56.000€ tributaron por encima de ese 25% con el que, eventualmente serían grabados los dividendos del empresario español. Según los gurús del Instituto de Estudios Económicos y sus fervientes seguidores (por lo que parece algunos con influencia en Euzkadi) es lógica una discriminación que favorezca una baja tributación de las rentas del ahorro ya que, según ellos, ese ahorro va destinado a la inversión, a la generación de riqueza. Pero esta teoría tiene dos puntos débiles. En primer lugar, no se diferencian en nada, y ambos tienen el mismo valor a la hora de comprar, los euros  provenientes del esfuerzo del trabajo diario y los que se obtienen por vivir de las rentas. Y, en segundo lugar, al que no le da para comer difícilmente le da para ahorrar. En consecuencia, no se entiende de ningún modo la “discriminación positiva” hacia los que más tienen articulada en nuestro actual sistema fiscal mediante la existencia de una tabla de tributación para la Base liquidable de ahorro y otra distinta para la Base liquidable general ya que dicha diferenciación de rentas dota al sistema global de elementos claramente regresivos. Esta regresividad queda demostrada tanto con el dato anterior como con el hecho de que cualquiera de los titulares de las 379.869 declaraciones que en 2016 presentaron rentas por debajo de 27.600€ fueron penalizados por ahorrar, ya que su tipo medio de gravamen (antes de deducciones) fue menor del 20%, tipo mínimo con el que estuvieron grabadas las rentas de ahorro. Todo ello sin añadir que, en el ejemplo, el que decide recibir sus ingresos en forma de dividendos, y no de trabajo, es el propio contribuyente-accionista mayoritario.

Entonces, ¿dónde está la inversión y la riqueza generada por ese ahorro de impuestos de Amancio Ortega? Pues está muy claro: en su patrimonio. Así lo demuestra otra de las noticias en las que ha aparecido el empresario en estos días. Según Forbes Amancio Ortega es 5.000 millones de euros más rico que el pasado año y además, según la misma fuente, mantiene su estrategia de inversión en activos inmobiliarios, óptima desde su punto de vista fiscal puesto que a futuro estas rentas seguirían tributando al 25%. Pero esta estrategia desde la perspectiva de las instituciones públicas es preocupante, no sólo desde el punto de vista fiscal, ya que supone que el mercado inmobiliario de los centros de muchas ciudades importantes, como es el caso real de Bilbao, queda en manos de personas que pueden condicionar su comercio y, en consecuencia su economía. No tiene sentido proclamar a los cuatro vientos que el comercio es vida y lanzar campañas a favor del pequeño comercio local cuando la mayor parte de los locales de sus principales arterias comerciales son propiedad de una persona que, como en el juego del Monopoly, puede seguir acumulando propiedades hasta quedarse con el tablero completo. Y todo ello como consecuencia de una insuficiente fiscalidad sobre la renta. Es aquí donde entra en juego el impuesto sobre el patrimonio. Porque una sociedad será más justa cuanto menos desigualdades sociales existan en su seno y eso no se consigue exclusivamente con una redistribución de la renta. La reducción de las desigualdades sociales pasa también, o mejor dicho, pasa sobre todo por una redistribución de la riqueza siendo imprescindible para ello la utilización del impuesto que específicamente grava la riqueza de un ciudadano: el impuesto sobre el patrimonio.

Ya hemos visto cómo la Brunete fiscal considera que no tiene sentido el impuesto sobre el patrimonio y, en coherencia con su objetivo de modificar la opinión pública dominante, utiliza cualquier adjetivo para demonizar el mismo en los medios de comunicación tachándole incluso de confiscador. Pues bien, como el caso del impuesto sobre sucesiones y más tarde con el impuesto sobre la renta, unos pocos datos pueden servir para explicar a la mayoría de los ciudadanos el alcance real de este impuesto y quienes se ven afectados. Los datos recogidos de la normativa de Bizkaia para 2018, última campaña realizada, son los siguientes: la valoración de los inmuebles a efectos de este impuesto es del 50% del valor de adquisición, además, una vez calculada la base imponible, existe una deducción como mínimo exento de la cantidad de 800.000€ y el tipo marginal máximo es del 2% aplicado a bases que superen la cifra de 12.800.000€. Son sólo tres detalles, pero sirven para ilustrar la “confiscatoriedad” del impuesto y quiénes son los “confiscados”.

“Los ricos también lloran” fue un culebrón mexicano producido para Televisa en 1979 que también pudo verse en la península con grandes éxitos de audiencia. Es posible que sus productores no tuvieran nada que ver con la creación del Instituto de Estudios Económicos el mismo año a pesar de compartir la idea de conseguir sacar rendimiento a sus lloros. Pero, a una sociedad que pretenda ser auténticamente democrática y que, en consecuencia, promueva la reducción de las desigualdades sociales existentes en su seno no debiera importarle las lágrimas de cocodrilo de quienes únicamente tiene como objetivo el desarrollo económico entendido como acumulación de su riqueza. Y es importante que no se tengan en cuenta sus lloros, si no se quiere que esa riqueza mande más que los votos emitidos en unas elecciones y que quienes la ostentan puedan condicionar por la vía de los hechos las políticas del País con la amenaza de que si no se hace lo que dicen se vayan del País, deslocalicen sus inversiones o, directamente, compren voluntades. A pesar de que se aventure una nueva crisis, o precisamente por ello, es necesario tener la cabeza fría y saber lo que se quiere: que no haya nadie que por su riqueza pueda pretender siquiera que se le bese la mano para que alguien pueda comer.  Xabier Arzalluz lo tenía claro. La libertad y la democracia están en juego.

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