Cada administración y cada partido, desde su posicionamiento político o desde las necesidades de la ciudadanía que los ha elegido, está en su perfecto derecho, dentro de su ámbito competencial, de hacer las propuestas que considere necesarias y, en consecuencia, es lógico que se pongan sobre la mesa propuestas antagónicas a aplicar en ámbitos territoriales distintos y que estas propuestas sean respondidas con alternativas por la oposición política. Cada cual es responsable de explicar, si baja los impuestos, qué servicios va a dejar de prestar o en qué sitio ha ahorrado dinero o, si los sube, a qué va a dedicar la recaudación extraordinaria. Serán los ciudadanos afectados por las medidas, a la vista de los argumentos y/o de sus resultados, los que valoren positiva o negativamente sus actuaciones.
El problema para el ciudadano en general se da cuando en un periodo corto de tiempo, como está ocurriendo ahora, concurren una vorágine de pronunciamientos al respecto con un nivel explicativo más de lucha partidista, o interinstitucional, que de ejercicio de responsabilidad con la ciudadanía que cada cual gobierna o pretende gobernar. Estamos, sin duda, ante una nueva forma de “infoxicación” (intoxicación informativa) en este caso referida al ámbito fiscal. Los ciudadanos deben conocer qué supone poner un impuesto a las eléctricas y a la banca, qué representa quitar el impuesto sobre el patrimonio, si se debe, o no, modificar el impuesto sobre la renta..., pero, sobre todo, deben conocer cuál es objetivo previsto con estas medidas y si existen alternativas en otras figuras fiscales, o en las partidas del presupuesto de gastos, para conseguir lo que se pretende. Y eso pocas veces se hace.
En este escaparate
fiscal el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales acordaron este verano
tratar de aplacar los problemas de la inflación en la ciudadanía vasca mediante
la deflactación del IRPF 2022 en un 4%. Esta decisión ya había tenido un antecedente,
con efectos desde primero de año, cifrado en un 1,5%, con lo que en el global
del año las tablas del IRPF se han deflactado en un 5,5%. Además, el
Lehedakari Iñigo Urkullu ha anunciado su intención de que para el ejercicio
2023 se deflacten de nuevo las tablas del impuesto en este caso en el
porcentaje estimado de inflación subyacente (sin alimentos, ni energía).
¿Podemos afirmar, por tanto, que las Diputaciones Forales han bajado este año
el IRPF y que volverán a hacerlo el año que viene? Pues ni sí, ni no. Depende.
Es posible incluso que, a pesar de haber deflactado las tablas IRPF, las
Diputaciones Forales hayan incrementado la presión fiscal en el IRPF.
Deflactar supone
corregir el valor de un elemento que queramos analizar, eliminando de él el
efecto de la inflación en un periodo de tiempo concreto. Se trata de saber si
ese elemento ha subido realmente de precio a lo largo del tiempo analizado o si
el hecho de que haya que pagar más por él responde únicamente a un efecto
inflacionario. Por tratarse de un impuesto progresivo, deflactar las tablas del
IRPF es un elemento imprescindible si se quiere seguir manteniendo la presión
fiscal en los mismos términos que el ejercicio anterior. Si no se deflactan las
tablas, un ciudadano que en 2022 tuviese la misma base imponible que en 2021
debería pagar el mismo IRPF que en 2021, a pesar de que esa renta tenga menos
poder adquisitivo que el año pasado. Y a poco que su renta se viese
incrementada sería considerado con más capacidad de pago que el ejercicio
anterior pagando un porcentaje final mayor que en 2021 cuando, si ese
incremento fuese inferior a la inflación, su capacidad de pago realmente habría
bajado. A pesar del dicho popular “el que no hace no mete la pata”, en materia
fiscal, como en todos los órdenes de la vida, el “no hacer” es una forma de
“hacer” y concretamente en el IRPF no deflactar las tablas es una forma
consciente o inconsciente (lo que sería más grave) de aumentar la presión
fiscal sobre la ciudadanía. En economía eso se llama progresividad en frio.
En consecuencia, a
estas alturas del año, podemos afirmar que, efectivamente, las Diputaciones
Forales han disminuido nominalmente el IRPF, pero que el efecto de esa
disminución es un incremento real de la presión fiscal en la ciudadanía a
través de este impuesto. Y ello porque la deflactación efectuada (5,5%) es
inferior a la inflación real que pueda preverse para el conjunto de 2022
teniendo en cuenta que septiembre ha cerrado
con una inflación interanual del 9%. Además, la deflactación no ha sido completa
puesto que algunas reducciones (aportaciones al sistema de previsión social,
por ejemplo) y deducciones (por inversión en vivienda habitual, por ejemplo) no
han visto actualizados en ese 5,5% los límites económicos que tienen en su
aplicación.
Es cierto, además de la
deflactación, las Diputaciones Forales han adoptado otra medida fiscal “con el
fin de paliar los efectos derivados del alza de los precios en las economías
domésticas más vulnerables” consistente en introducir para 2022 una minoración
extraordinaria en cuota de hasta 200€ para contribuyentes con base imponible
general de hasta 35.000€ (en 2019 tres de cada cuatro). Pero, si la inflación
no baja de aquí a final de año, no será más que un pequeño donativo que no
compensará la no deflactación de las tablas hasta el nivel de la inflación
real.
Lo que de ninguna
manera es entendible es que, si de verdad se quería ayudar a las economías
domésticas más vulnerables a paliar los efectos derivados del alza de precios,
no se haya aprovechado para acometer una restructuración más profunda en las
tablas de retenciones del IRPF y, sin embargo, se haya eximido del efectuar los
pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestre a quienes estaban obligados a
ello. Tanto las retenciones como los pagos fraccionados son pagos a cuenta de
la liquidación final anual y, por tanto, debieran acompasarse en el tiempo para
que el resultado final se aproximase lo más posible a cero, de modo que las
cantidades a ingresar o a devolver en la
declaración de la renta fuesen de muy pequeño importe. Pero la decisión
adoptada en agosto va exactamente en el sentido contrario.
Como ya comenté en otro artículo en este blog, los contribuyentes con menos recursos no sólo adelantan el pago de su impuesto, sino que financian el pago del IRPF de los contribuyentes con más recursos que son a los que mayoritariamente siempre les sale “a ingresar”, pagan el último día y encima se les aplaza gratuitamente el pago del 40%. En 2019 presentadores con rentas inferiores a 42.000€ adelantaron 352 millones de euros (M€) y con este importe casi se financiaron los 360,6 M€ de todos los declarantes a los que les salió a ingresar, de los que 239,4 M€ correspondían contribuyentes con ingresos superiores a los suyos. Una situación difícil de explicar desde un punto de vista de justicia y equidad que llega a rayar el insulto a la inteligencia cuando vemos que entre los financiados hubo 1.983 contribuyentes, con bases liquidables por encima de 180.000€, a los que se les adelantó de media 50.094€, un importe un 20% superior a los ingresos anuales de quien más declaró de entre los financiadores. La equidad fiscal por los suelos
Y nuestras instituciones siguen profundizando en esta línea. En lugar de bajar (sí bajar, no deflactar) las retenciones a los tramos a los que habitualmente le suele salir a devolver, de modo que sus disponibilidades de renta mensual sean mayores y estas cantidades les permita paliar los efectos derivados del alza de los precios (entre ellas el pago de unas hipotecas al alza), se ha primado sobre todo a algunos de los que siempre les sale a ingresar que ahora no tendrán que pagar ni un solo euro por pagos fraccionados en los dos últimos trimestres de 2022.
Siguiendo a modo ilustrativo con los datos de 2019, los 3.445 contribuyentes por encima de 42.000€ de renta que efectuaron pagos fraccionados ingresaron por este concepto de 28,2 M€, con una media de 8.208€/declaración, y entre ellos hubo 224 contribuyentes con rentas superiores a 180.000€ que ingresaron 6,7 M€ con una media de 29.910€/declaración. ¿Alguien con un poco de vergüenza puede afirmar en un Boletín Oficial que las medidas que se aprueban tienen “el fin de paliar los efectos derivados del alza de los precios en las economías domésticas más vulnerables” y al mismo tiempo adoptar medidas que permiten a algunos de los contribuyentes más pudientes (los de más de 180.000€) seguir retrasando el pago de impuestos permitiendo que su liquidación de la renta alcance cifras del orden de 65.000€, mientras a los más desfavorecidos se les siguen subiendo los impuestos y se les sigue sometiendo en sus retenciones a un ahorro forzoso que financia lo que no pagan regularmente los que ganan varias veces lo que ellos, mientras pueden tener dificultades para pagar su hipoteca? Parece que en nuestras Instituciones a alguien se le ha ido la olla.
Comparto las
afirmaciones del Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco Pedro Azpiazu que,
huyendo del electoralismo fiscal que se ha instalado en el Estado y en otras
comunidades autónomas, afirmó en una entrevista reciente que “bajar los
impuestos no es responsable” y que “hay que hacer esfuerzos por ver qué
gastamos y si gastamos bien”. Espero y confío en que sabrá dar con la tecla y
provocará que algunos de sus compañeros de gabinete y del Consejo Vasco de
Finanzas Públicas repiensen sus partidas de gastos incluidas algunas de las más
que cuestionables obras públicas que con toda pomposidad nos han presentado
estos últimos días. No obstante, le pido que en la próxima reunión del Consejo
Vasco de Finanzas Públicas se consiga un acuerdo institucional para que la
progresividad en frio no tenga cabida en la política fiscal de las
Administraciones Vascas y, sobre todo, que se corrijan las políticas de pagos a
cuenta del IRPF a través de las retenciones de trabajo y de los pagos
fraccionados de modo que se evite que los que menos ganan financien el IRPF de
los que más ganan y al mismo tiempo sirvan para, de verdad, paliar los efectos
derivados del alza de los precios en las economías domésticas más vulnerables.
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¿Por qué los que menos
ganan tienen que financiar el IRPF de los que más ganan?
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