El pasado día 23 de diciembre fue publicada la lista
de aquellos contribuyentes del Estado cuya deuda superaba el millón de euros y
tenían la misma en situación ejecutiva y no aplazada. Una publicación motivada
por la modificación del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria realizada
en 2015 cuyo objeto, según su exposición de motivos, era la lucha contra el
fraude y se enmarcaba dentro de los principios de transparencia y publicidad
que deben regir la actuación de todos los poderes públicos para hacer efectivo
el objetivo de establecer una sociedad democrática avanzada. Desde mi punto de
vista un nuevo truco para no cumplir la exigencia de auténtica transparencia
que se debe requerir de cualquier Institución Pública: saber en qué se gasta su
presupuesto sí, pero también saber quién contribuye a su sostenimiento, quién
no lo hace en función de su capacidad y, más aún, quién no lo hace.
La
publicación de la lista se realizó tres días después de la celebración de unas
elecciones que depararon un complicado mapa político, a modo de sudoku, que aún
a día de hoy está sin resolver. Quizás por eso permaneció pocos días en la
cartelera mediática. Por ello, creo importante destacar algunos elementos que, en
mi opinión, deberían haber tenido una mayor transcendencia ante la opinión
pública. El primero, lógicamente, el alcance cuantitativo y cualitativo del
listado: 345 personas físicas con una deuda conjunta de más de 700 millones y
4.510 personas jurídicas con una deuda de 14.900 millones. En total 5.210
deudores con un volumen de deuda de 15.600 millones de euros. Una cifra que
para situarla diré que supera en más de 2.000 millones las estimaciones de
ingresos por tributos concertados de las tres Diputaciones Forales de la
Comunidad Autónoma Vasca para 2016 que están cifradas en 13.490 millones de
euros. Conviene remarcar esto cuando no se han apagado las voces críticas
contra el Concierto Económico. Si se mejorase un poco la eficacia de los
servicios recaudatorios del Estado, se podría obtener muchísimo más rendimiento
económico que cuestionando el actual sistema de Cupo.
Reconozco
que, a veces, la Hacienda Pública tiene la difícil tarea de decidir sobre
activar, o no, el procedimiento concursal de una determinada empresa que
acumula una deuda tributaria importante, por el impacto que tal decisión pueda
tener en el empleo y en la economía de su zona de influencia. Lo que en ningún
caso puedo entender es que no actúe ante deudas de semejante nivel generadas
por personas físicas. Personas como el expresidente de Banesto, Mario Conde,
que en los últimos años ha publicado varios libros con recetas para salir de la
crisis y que se dedica a frecuentar platós de televisión para debatir sobre la
situación política mientras mantiene deudas con el Estado por un importe (9.935.031,61)
que la ciudadanía en general solo sería capaz de ingresar si existiera la
reencarnación y pudiera trabajar durante muchas vidas. Por cierto, ¿están
embargados dichos ingresos? Tampoco llego a comprender cómo se puede dejar
acumular semejantes niveles de deuda a entidades deportivas como el Club
Basquet Girona (10.125.106,61) cuando en la mayoría de los casos los activos de
este tipo de sociedades lo constituyen intangibles como los derechos sobre los jugadores
o sobre las emisiones televisivas. Y ya me resulta totalmente increíble que
autoridades del Estado participen en eventos donde se glorifican los éxitos de
deportistas como Dani Pedrosa titular de una deuda de 7.856.949,85 euros.
En
segundo lugar, es interesante recordar que quienes aparecen en la lista no son
los únicos deudores de la Hacienda Estatal. Según los datos de la Liquidación
de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2014, publicados
por la Intervención General del Estado, los derechos pendientes de cobro a 31
de diciembre alcanzaban la cifra de 53.417 millones de euros de los que 10.598
se generaron en dicho ejercicio y los 42.819 millones restantes correspondían a
los liquidados en los ejercicios 2013 y anteriores. Un importe equivalente al 19,4%
del gasto ejecutado en dicho ejercicio. Cierto, algunas de las deudas están en
periodo voluntario de pago, otras suspendidas por la interposición de los
correspondientes recursos, ….Pero otros muchos listos siguen ocultos bajo el
paraguas legal de haber solicitado un aplazamiento o de haber efectuados los
pagos pertinentes para situar su deuda por debajo de la cifra mágica del millón
de euros. Cifra que parece un listón excesivamente alto como para que se
considere como una medida efectiva en la lucha contra el fraude el que se haga
público quienes la superan. Otros, además, aparecen tapados por el nombres de
la empresa en la que aparecen como administradores únicos y sólo son
descubiertos si, como en el caso de José Luis Moreno, hay algún medio que
publica que debe casi 3,5 millones al estar detrás de Kulteperalia S.L. (1.937.222,
13) y Alba Adriática S.L. (1.540.949,12). Un observador imparcial probablemente
pensase que el hecho de que se haya llegado a esos niveles de deuda no ha
tenido otra responsabilidad que la de quienes desde la administración
tributaria por inacción, o por no impulsar los pertinentes cambios en la
normativa legal, han permitido que se llegase a estas cifras. Y, en mi opinión,
tendría razón. Es lo que tiene la trasparencia: que sobre lo que se conoce se
pude opinar. Por eso, quizás, alguien intenta que se publique lo mínimo imprescindible
para salir del paso, de modo que se reduzcan a la mínima expresión las
preguntas y las opiniones.
Este
pasado fin de semana un dirigente político vasco en su periódica entrada semanal
publicaba en su blog: “Nos preocupa, y de
qué modo, la caída brutal de la recaudación
en el final del pasado año. Un parón similar al que se produjo cuando la crisis
entró de sopetón a finales de 2008.
Dicen que la falta de ingresos públicos obedece a la caída del precio
del petróleo y, por consiguiente a la de sus productos refinados. El palo ha
sido fuerte y habrá que cerciorarse de si
el efecto ha sido coyuntural y ha
afectado al cierre de 2015, o si se prolonga en el año en curso. De ser así, el
cinturón de las administraciones públicas no podrá soportar un agujero más de ajuste. Y, se quiera o no,
habrá que tomar medidas excepcionales que nos permitan sostener el difícil equilibrio de mantener los
servicios públicos.” Sinceramente creo que hay otros medios y éstos pasan
por hacer un poco más difícil la vida de quienes van por el mundo dando lecciones y, al tiempo, incumplen
reiteradamente con sus obligaciones tributarias, que en Euskadi también los hay.
Eso antes que recortar servicios y/o derechos a la ciudadanía como, en mayor o menor
medida, se ha hecho en los últimos años.
Los
tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca tienen previsto
publicar en el segundo semestre de este año un listado de las características
del publicado por la Agencia Estatal Tributaria, tras incorporar a su normativa
un texto similar al del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria. Quiero
entender que la similitud se debe a la voluntad de las Diputaciones, de no
quedar descolgadas de este intento (tibio) de transparencia y que los equipos
de las respectivas haciendas, renovados en mayor o menor medida tras las Elecciones
Forales de mayo pasado, no tuvieron el tiempo necesario para evaluar y definir
conjuntamente el establecimiento de unas condiciones diferentes para la
publicación del listado. Espero y confío en que las sugerencias de la oposición
para reducir el límite del millón de euros y la caída de la recaudación sean causas
que lleven a las instituciones vascas a seguir siendo ejemplo en materia de
gestión tributaria y, también, de transparencia pública.
Pedro
Luis Uriarte, en su obra sobre el Concierto Económico plantea 6 sugerencias
hacendísticas para mejorar esta Institución entre las que se encuentran: “repensar
la Política Presupuestaria vasca a largo plazo”, “valorar los límites del
aumento de la presión fiscal en Euskadi” y
“reforzar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal”. Creo que hacer
saber quién contribuye al sostenimiento del gasto público, quién no lo hace en
función de su capacidad y, más aún, quién no lo hace es una forma de recoger
estas tres sugerencias en la medida que habría más recursos para políticas
públicas (con independencia del pertinente estudio sobre necesidades reales y
adecuada ponderación), no se haría necesario aumentar la presión fiscal entre
los que ya pagan lo que deben y sería una forma de evitar el fraude y la
elusión fiscal.
Se
trata en definitiva de conseguir, mediante la transparencia, que ningún listo
quiera estar en la lista.
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