Vaya por delante que lo que se expone en este
artículo no tiene nada que ver con la ONCE, una organización nacida en 1938
para dar cabida a todos los ciegos españoles y que, para su digno sustento,
consiguió que en 1939 se le otorgase mediante Decreto la venta del cupón
“prociegos”. Hoy en día la ONCE es capaz de generar más de 80.000 empleos para
personas con discapacidad lo que habla a las claras del trabajo por la
inclusión social de estas personas. Mi respeto, por tanto, ante su labor.
Durante
las próximas líneas me voy a referir a los peores ciegos: los que no quieren
ver. Una especie que últimamente abunda entre políticos españoles y que, al no
quererse enterar de lo que se traen entre manos, se dedica a hablar de oídas.
Me estoy refiriendo, lógicamente, a políticos como a Susana Díaz (Presidenta de
Andalucía) y Pedro Sánchez (Secretario General del PSOE), que como
anteriormente Cristina Cifuentes (Presidenta de la Comunidad de Madrid) o Albert
Rivera (Presidente de Ciudadanos) y más recientemente Miquel Iceta o Ximo Puig no
han dudado en los últimos días en vender el cupo vasco para intentar procurarse
un sustento de votos, en mi opinión,
totalmente indigno.
El
Concierto Económico (Convenio Económico en Navarra) y el Cupo son dos figuras,
muchas veces confundidas entre sí, que constituyen las dos caras de una misma
moneda: un pacto de los Territorios Históricos Vascos con el poder central del
Estado, de origen previo a la Constitución Española de 1978 y cuya aplicación
implica un riesgo unilateral para el país Vasco. Una de las caras es la de las
relaciones tributarias, es decir, la que determina qué figuras impositivas, con
qué normativa y sobre qué personas u operaciones se van a gestionar desde de
las Instituciones Forales y cuales desde Territorio Común (desde el Estado). Es
lo que conocemos como Concierto Económico. La otra cara, el Cupo, es consecuencia
de la anterior, y de hecho viene recogida dentro del mismo articulado de la Ley de Concierto Económico. Esta cara se corresponde con la parte financiera, es decir
cuánto pagar como contribución de los Territorios Históricos a las competencias
ejercidas por el Estado y que no han sido asumidas por la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma deberán pagar, en el
porcentaje que así se estime, por unos gastos que figuran en Presupuestos
Generales del Estado aprobados por sus Cortes Generales. Y ello vaya como vaya
su recaudación, de ahí su riesgo unilateral. En el Concierto Económico de 1981,
que supuso la restitución de dicha institución para Bizkaia y Gipuzkoa, el
porcentaje de pago se fijó en el 6,24 y el mismo se ha mantenido inalterable en
las sucesivas leyes quinquenales hasta nuestros días.
En aquel
momento, 1981, la situación económica de Euskadi era de crisis total. La gran
industria, situada en la Margen Izquierda del Nervión estaba en proceso de
desmantelación. Altos Hornos de Vizcaya, General Eléctrica, Babcock Wilcox, los
astilleros Euskalduna y otra larga lista de empresas de Bizkaia y del resto de
los territorios, en otros tiempos grandes generadoras de empleo, desaparecieron
o fueron sometidas a tremendos procesos de reconversión con la
consiguiente elevación de las cifras de paro hasta niveles nunca vistos. En
esta situación, el conjunto de las instituciones vascas (Ayuntamientos,
Diputaciones Forales y Gobierno Vasco) pusieron manos a la obra para colocar de
nuevo a Euskadi en un lugar puntero en el Estado y en Europa. Y tras varios
años de trabajo y esfuerzo lo consiguieron. La decisión recuperar la Ría de
Bilbao, una auténtica cloaca en aquellas fechas, y sus orillas, convertidas en
una ruina industrial, dio lugar a lo que hoy es analizado en muchas partes del
mundo como el “Modelo Bilbao”. Un modelo donde la colaboración entre los
distintos niveles institucionales y la adopción de decisiones no siempre
entendidas, consiguieron el objetivo pretendido: la recuperación económica y el
bienestar de la ciudadanía. El Metro de Bilbao (1995), el Museo Guggenheim
(1997) y el Palacio Euskalduna (1999) fueron los primeros, y quizás los más
relevantes, exponentes del proceso de transformación, pero no los únicos. Los
equipamientos municipales como polideportivos o casas de cultura, las aceras,
parques y plazas y las redes de saneamiento también sufrieron una gran
transformación en aquel periodo. Igual que las infraestructuras viarias. También
se apostó por la colaboración público privada con un sistema de Parques y
Centros Tecnológicos canalizadores de proyectos de investigación innovadores.
De esa semilla nació el gran sector de automoción o la industria aérea existente
en la actualidad. O la de material ferroviario liderada por CAF, una empresa
que estuvo a punto de desaparecer y que hoy suministra ferroviario para los
países más importantes del mundo. Con nuestro esfuerzo, con la gestión de nuestros
impuestos y pagando al Estado puntualmente el cupo acordado por la gestión de
las competencias no asumidas y por aquellas que, figurando en el Estatuto, no
han sido todavía transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En
el Estado, el proceso fue otro. Se apostó por los grandes fastos y las grandes
obras de infraestructura. Tan grandes como inútiles. Barcelona supo aprovechar
las Olimpiadas de 1992, como había hecho con la Exposición Universal de 1988 o
la Exposición Internacional de 1929, para realizar un proceso de transformación
urbana y abrir una ventana amable al mar poniendo al servicio de la ciudad las
inversiones en infraestructuras y los edificios necesarios para acoger el
evento. Sin embargo, la Expo de Sevilla que también se celebró en 1992 y que
había sido solicitada diez años antes, no fue nada más que una gran feria de
abril que duró hasta octubre. Pasada la misma los maravillosos pabellones creados
para el evento fueron desmantelados, no quedando para la ciudad prácticamente
nada de lo invertido. Bueno sí, la primera línea de AVE del Estado llegó a
Sevilla para la ocasión (curiosa la elección) y un magnífico aeropuerto cuya
transformación finalizó un año antes esperando que en 1992 circulasen por él 8
millones de pasajeros. Según los datos de AENA hasta el año 2000 no superó los
dos millones de viajeros, con una ocupación máxima en 2011 (cerca de 5
millones) y que hoy en día, 24 años después de su inauguración, no llega a los
4 millones de pasajeros. Según palabras de Borrell el día de la inauguración “la gran capacidad del aeropuerto hará que
pasen muchos años por delante antes de su saturación”.
La pregunta debiera ser si no se podría haber
ahorrado una buena partida de millones (entonces de pesetas) haciendo un
equipamiento más adecuado a las necesidades reales de Sevilla. La terminal de
Bilbao, conocida popularmente como “La Paloma” se inauguró en el año 2000,
previendo una capacidad de 5 millones de pasajeros, en 2004 superó los 4
millones de pasajeros. Sinceramente, si el AVE llega a Bilbao, no creo que sea
necesaria la ampliación hasta 8 millones de pasajeros que en 2009 anunciaron el
Ministerio de Fomento y AENA con un coste previsto de 114 millones de euros y
que por la crisis económica se metió en el cajón.
Pero
de Sevilla no se aprendió y con la Expo de Zaragoza (2008) se cometieron los
mismos o parecidos errores. Grandes inversiones en edificios llamativos que, al
acabar el evento, tuvieron que ser ocupados por instituciones varias o se
convirtieron en ruinas urbanas. Por no hablar de aeropuertos, donde un buen
número de Comunidades Autónomas entraron en una auténtica subasta a la hora de
conceder subvenciones a Ryanair para que dicha compañía operase desde sus
aeropuertos con el fin de que tuviesen algo de vida y poder justificar su
existencia. O la auténtica cabezonería del aeropuerto de Castellón. O del de Lleida. En la reunión de la Comisión de
Directores Generales de Transportes celebrada en Cáceres en marzo de 2009 y a
la que acudí en calidad de Director General de Transportes de Bizkaia tuve
ocasión de oír de boca de la Alcaldesa de Cáceres (95.855 habitantes) que su
ciudad necesitaba un aeropuerto. Eso después de haber oído a un Consejero de la
Junta hablar del éxito de haber conseguido implantar las habitaciones
individuales en los hospitales públicos. Sin comentarios.
Un problema de la cultura del “todo vale”, del “yo
por qué no” o del “y yo más”, pero sin saber lo que realmente cuesta la
obtención de los recuso públicos que financian dichos servicios. Por eso, el
pasado lunes, que tuve la ocasión de acudir a una charla del portavoz del PNV
en el Congreso, Aitor Esteban, le planteé en público la necesidad de decir, a
aquellos que consideran que es un privilegio de los vascos, que el Concierto
Económico es de un sistema de financiación que hemos tenido desde 1878, por
tanto muchos años antes de que se aprobase la actual Constitución Española,
pero que no tenemos ningún inconveniente en que lo utilicen también las
Comunidades Autónomas que se crearon a partir de ella. El miércoles la
presidenta en Bizkaia del mismo partido, Itxaso Atutxa, repitió la misma idea y
emplazó a la Presidenta de Andalucía a que reclamase para sí el Concierto
Económico.
Desconozco cuál será la respuesta de Susana Díaz a
esta propuesta, pero sí sé que los fastos de Marbella y los desaguisados de su
Ayuntamiento no hubiesen pasado nunca desapercibidos para una Hacienda Andaluza
de cuya recaudación dependiese el presupuesto de gastos de dicha Comunidad
Autónoma. Es probable, casi seguro, que gran cantidad de funcionarios que ahora
se han visto involucrados en el escándalo de los ERE, hubiesen tenido otros
menesteres a los que dedicarse: Lo mismo que los dos expresidentes imputados en
el caso, del mismo partido que la actual presidenta.
Creo sinceramente que es más reconfortante
esforzarse en el trabajo diario pensando en el porvenir de los ciudadanos en el
largo plazo y rendir cuentas de lo que se hace con sus impuestos, que encontrarte
con que una parte de la administración está presuntamente dedicada a la
picaresca y el fraude en la utilización de los recursos públicos.
Por cierto, el aeropuerto de Sevilla, su AVE y su Expo
fueron financiados con el cupo vasco, por tratarse de competencias no asumidas.
Espero que lo
quieran ver.
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