A
escasas horas de que el Parlamento de Catalunya se reúna a petición del
President Puigdemont para analizar la situación tras el referéndum del pasado 1
de octubre nadie sabe si en dicha sesión será proclamada la República Catalana o no pero, pase lo que pase hoy, lo que está claro es que lo ocurrido estas
últimas semanas supone un antes y un después no sólo para Catalunya, sino
también para el Estado y, en consecuencia, para Euzkadi.
La convocatoria de referéndum supuso, para quienes la
impulsaron, la única salida a los continuos portazos recibidos desde el
Gobierno de España a todo intento de curar las heridas producidas en la
sociedad catalanas por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña del 2006. Su texto, aún después de “cepillado”, había sido
aprobado por la ciudadanía catalana en un referéndum, aquella vez sí, legal celebrado
el 18 de junio de 2006 y cuyo resultado todo el mundo pensaba que sería vinculante para ambas partes. Todos
menos el Partido Popular que con su recurso y sus influencias en el
nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional propició que esta
Institución, cuatro años más tarde (28 de junio de 2010) dictase una sentencia
que arañó los temas sustanciales que propiciaron el pacto para aquel Estatuto y
que, a decir del Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, vulneró
la Constitución Española de 1978.
Las decisiones adoptadas u orquestadas por el Gobierno de
España para impedir la celebración del referéndum del 1-O declarado ilegal por
el Tribunal Constitucional pusieron en solfa derechos fundamentales como los de
reunión y asociación, acabaron con la autonomía financiera de la Generalitat y
situaron bajo dependencia de un Coronel de la Guardia Civil las actuaciones de
los Mossos d’Esquadra, movimiento este último que también fue considerado
inconstitucional e ilegal por el Diputado del PNV Mikel Legarda en la sesión celebrada
el 27 de septiembre en el Congreso.
Todos estos acontecimientos vaticinaban ya necesidad de
un cambio en la estructura del Estado que hiciese posible un referéndum
pactado, y los efectos acción-reacción de dichas decisiones estaban teniendo ya
importantes repercusiones en los apoyos al Gobierno de Mariano Rajoy y en el
escenario político del Estado. Así lo recogían algunos importantes periodistas
alejados de la caverna mediática. Fernando López Agudín no podía dar crédito a
la actitud del PSOE ni de Pedro Sánchez que, sin respuestas claras ante lo que
estaba sucediendo, se adentraban en lo que denominaba la
dictablanda de Rajoy, Iñaki Gabilondo afirmaba ante Iñaki López que “Catalunya ya se ha ido y hemos asistido a
su despedida sin inmutarnos” en una entrevista que “La
Sexta Noche” emitió el sábado 30. Antes, Ignacio Escolar, el día 25 había
escrito en “eldiario.es”
que “el Código Penal, los jueces y la
policía no son la única respuesta que
debe dar la democracia ante conflictos políticos. No se puede encarcelar por
sedición a dos millones de catalanes, salvo que España renuncie a ser una democracia”.
Sin embargo, la suerte estaba echada, las estructuras del
Estado siguieron apostando por la inaceptable actuación policial llevada a cabo
el 1-O y se puso de manifiesto una vez más la baja calidad democrática del
Estado. Esta vez ante la prensa internacional. Prensa que, además de las cargas
policiales contra personas de toda condición y edad que lo único que pretendían
era meter un voto en una urna, dio fe del ridículo espantoso del Gobierno de
Rajoy en su afán por torpedear el referéndum. No habría urnas y las urnas
aparecieron, se había desactivado el sistema de control y el sistema, con
incidencias que se subsanaban a medida que se producían, seguía funcionando, se
cerraron colegios y se habilitó un censo universal para que cualquier catalán
que lo desease pudiera ejercer su derecho al voto en cualquier colegio abierto.
Frente a la actuación coordinada de gobierno, fiscales, jueces y policía el
pueblo catalán respondió dando toda una lección de inteligencia, democracia,
pacifismo y resistencia civil que, en mi opinión, le harían digno de ser
nominado para el Premio Nobel de la Paz.
Perdida
también la apuesta del día del no referéndum en el que se contabilizaron 2,2
millones de votos, el Gobierno de Rajoy decidió recurrir al rey, como los
ajedrecistas cuando la partida está en serias dificultades y, en los últimos
días, a la presión económica, dando por verosímil una Declaración Unilateral de
Independencia, que según ellos nunca se producirá, que de momento no se ha
producido, pero que ha conseguido que pase lo que pase nada sea igual en la
política de Catalunya, ni del Estado.
Pero todo esto también ha tenido, tiene y
tendrá repercusiones para Euzkadi.
Las decisiones de detener a miembros de la estructura del
Gobierno de Catalunya llevaron al
Euzkadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco a
manifestar su apoyo con las Instituciones
de Catalunya y al Lehendakari Urkullu a acelerar la
presentación de medidas concretas para
avanzar en su apuesta por el diálogo y la soberanía
compartida en las relaciones Euskadi-
Estado en un Pleno de Política General mediatizado por la
situación catalana. Propuesta, la de
un Estado Confederal, que deberá debatirse en la Ponencia de
Autogobierno del Parlamento
Vasco y enriquecerse con las aportaciones del resto de los
grupos de la cámara en unos trabajos que, dadas las circunstancias, debieran
acelerar su ritmo para poder aprovechar el momento de modificación
constitucional que, sin duda se producirá como consecuencia de la apuesta
catalana. Aunque probablemente, una vez más, el Partido Popular opte por
mantenerse fiel a su apuesta por la unidad de España y por no dar ningún paso
que suponga un avance en el autogobierno vasco. Su portavoz ya adelantó que no
era necesario cambiar lo que funciona bien, olvidando de forma intencionada que
si funciona bien es por el trabajo realizado por las Instituciones Vascas, a
pesar de su partido madre, Alianza Popular, que votó en contra del Estatuto de
Gernika y de quienes a lo largo de los últimos 39 años desde el Gobierno de
España (ellos y el PSOE) han ido soltando de manera cicatera una a una las
competencias reconocidas en un texto legal a día de hoy no cumplido. Y ello
cuando en el caso catalán defienden el cumplimiento de la ley por encima de
todo. Veremos en el corto plazo qué ocurre con el Concierto Económico. Si se
tramitan en el Congreso los Proyectos de Ley correspondientes a los acuerdos
alcanzados en la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada el pasado 19
de julio o si, una vez más, el Estado incumple lo firmado colocando, de rebote,
al PNV en una situación complicada al dejar
en agua de borrajas su apoyo a los Presupuestos de 2017.
Estamos en una situación compleja en lo político y en lo
económico. El Decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes facilitando el
cambio de la sede social de empresas catalanas es otro elemento a tener en cuenta
puesto que, si bien en Catalunya su repercusión en términos económicos no tiene
porqué ser importante, dicha medida sí que tendría efectos muy importantes en
el caso de las empresas con sede en Euzkadi decidieran trasladarse a otros
lugares del Estado como consecuencia de que son nuestras Instituciones quienes
recaudan en virtud del Concierto Económico y de que es la sede social uno de los
puntos de referencia en relación a quién es la administración responsable de la
normativa y recaudación tributaria correspondiente. Es el momento de
reflexionar no sólo sobre nuestro “Estatus Político” sino también sobre nuestro
“Estatus Económico”. Estos movimientos de empresas y el apoyo del
Gobierno de España debieran hacer repensar los movimientos en política
económica en Euzkadi. Es necesario reforzar los vínculos económicos de nuestras
institucionales con empresas de aquí y las relaciones entre todos los agentes
del tejido económico enraizados en Euzkadi. Este tipo de actuaciones están más
alineadas con crear País que abrirnos al capital extranjero (reducción del tipo
de sociedades), propiciar la privatización de empresas controladas por
instituciones públicas (Gas Euskadi, Euskaltel), aplaudir la compra extranjera
de empresas apoyadas desde las instituciones para su desarrollo en sectores
estratégicos (Gamesa) o desinvertir en empresas punteras del País (Iberdrola).
Catalunya ha empujado desde allí para conseguir
avanzar en su configuración como pueblo y posibilitar que otros pueblos como
Euzkadi puedan, si así lo desean, utilizar el camino abierto. Catalunya ha dado
las lecciones de imaginación, democracia, civismo y resistencia pacífica en
este proceso y ha hecho que el Estado ha ya puesto sobre la mesa su estrategia
para impedirlo, de lo que también hay que extraer conclusiones. Es importante
reforzar y poner en valor los puntos que unen a personas de distintos partidos en
su interés por construir una Euzkadi mejor, en lugar de destacar continuamente nuestras
diferencias. Es importante reforzar los lazos sociales y económicos entre las personas
de distinto origen y condición que vivimos y trabajamos aquí para conseguir un
País más libre y más justo para todos. Es momento de pensar, aprender, coger de
nuevo aire y decidir cómo debe ser el siguiente empujón de Euzkadi. Desde aquí.
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