5 “no” para un buen Presupuesto Público.

           Todavía está reciente en Euskadi la presentación y retirada de los Presupuestos Generales para de la Comunidad Autónoma para 2013, cuando todas las Instituciones están poniendo en marcha, si no lo han hecho ya, la maquinaria para preparar los correspondientes a 2014. A partir de ahora, volveremos a oír y leer sobre muchos de los tópicos que se utilizan de forma habitual durante todo el proceso de elaboración y discusión de la considerada como principal Ley, Norma u Ordenanza a aprobar en el ejercicio.

  

Por ello he creído conveniente desmitificar algunos de estos tópicos con la doble intención de colaborar, en alguna medida, para que quienes erróneamente los utilizan de una forma ventajista frente al desconocimiento de terceros, reparen en el error de hacerlo y, por otra parte, para que quienes hasta ahora hayan podido caer en “la trampa” posean argumentos con los que mejorar la discusión anual sobre qué hacer con nuestros impuestos.

Primer “No”: No hay que conocer todos los Ingresos.

El presupuesto debe empezar a elaborarse con aquellos ingresos que razonablemente se espera obtener de la ciudadanía. Ello nos permitirá lanzar las primeras directrices sobre la cuantía global de los gastos a realizar y/o a analizar la posibilidad de modificar la presión fiscal existente.

Es más importante empezar con algo que no empezar.

Segundo “No”: No presuponer recortes generalizados.

A priori no debe descartarse ningún gasto. Es obvio que se debe transmitir con claridad la situación económica y las consecuencias que de ella se derivan para el gasto. El descarte solo debiera producirse después de analizar una lista priorizada con la correspondiente tabla de objetivos, acciones e indicadores y contrastarla con los ingresos previstos.

En esta fase suele utilizarse frases de “café para todos” (no incrementos de plantilla, bajada del capítulo 2 de n%, recorte generalizado de las inversiones…) Error.

Evidentemente es más fácil lanzar este tipo de mensajes que ponerse a analizar una por una las partidas. Pero es esa la labor que se supone que tienen encomendada los departamentos presupuestarios. Un ahorro de un 1% superfluo en una partida importante puede ayudar a mantener un alto número de partidas pequeñas con efecto en un número alto de ciudadanos.

Es preferible, y más eficiente, analizar una lista que pueda parecer una “Carta a los Reyes Magos” que recortar por recortar dejando vivas consignaciones inútiles, y haciendo que otras consignaciones que quedan vivas sean inútiles por la insuficiencia de sus créditos.

Tercer “No”: El presupuesto no nace equilibrado.

Es cierto que los ingresos y los gastos deben ser iguales en el momento de la aprobación, pero la definición del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos, hace que, inicialmente el presupuesto tienda al superávit.

Veamos. Las distintas normativas indican que el presupuesto de ingresos debe estar formado por la estimación de los derechos de naturaleza pública o privada que se prevean liquidar en el ejercicio. Para el presupuesto de gastos dicen que debe recoger los créditos para hacer frente a las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer en el ejercicio.

Por  tanto, si no se han presupuestado ingresos ficticios, y dado que el gasto es máximo, a lo largo del ejercicio irán aflorando los ahorros en las distintas partidas, bien porque la suma de las propuestas de gasto no alcanza el importe total consignado, bien porque las distintas licitaciones se realizan a la baja.

En definitiva cantidades disponibles: superávit.

Cuarto “No”: El presupuesto no es inamovible.

Quizás este sea el tópico que más desmitificado está. Todo el mundo sabe que se pueden modificar. Lo importante, como tantas veces, es el cómo y el para qué.

Como hemos visto antes, es normal la existencia de ahorros en las partidas y es posible (últimamente parece que no) que existan nuevos ingresos no presupuestados que permitan acometer nuevos gastos.

Por eso, es importante tener una buena lista priorizada que sirva para ser contrastada, también, con cantidad de nuevas demandas de apariencia urgente o importante que suelen ir aflorando a lo largo del ejercicio y de este modo poder elegir cuanto antes cuál de ellas acometer.

Salvo que la opción sea devolver los ahorros en el ejercicio siguiente mediante una bajada impositiva, los impuestos se pagan para recibir servicios no para mantenerlos en una caja y, en la medida de lo posible, cuanto antes se haga mejor. Lo agradecerán la ciudadanía que recibe los servicios, las empresas que los producen y la economía en general.

Quinto “No”: La prórroga presupuestaria no paraliza la actividad.

Es evidente que la prórroga presupuestaria no es querida por nadie. Los presupuestos son la expresión cifrada de la acción de gobierno para el ejercicio correspondiente y su aprobación da a conocer a la ciudadanía cual será esa acción.

Pero cuando su aprobación es imposible, por falta de los acuerdos correspondientes, el Gobierno no debe paralizar su actividad, salvo que presente la dimisión, y debe intentar acometer aquellas medidas que forman parte de su programa y por las cuales fue elegido. Le guste o no.

Será el momento de los departamentos presupuestarios que tendrán que hacer un esfuerzo de seguimiento y de control importante de cara a utilizar las herramientas de las modificaciones presupuestarias, en el momento oportuno, para que la gestión anual se parezca lo más posible a la propuesta inicial del Gobierno, separándose de la mera administración continuista de los créditos prorrogados.

Se da la circunstancia de que esta posibilidad es mucho más factible en épocas de ajustes que en épocas de crecimientos presupuestarios.

 La prórroga supone, en este sentido, una oportunidad para el Gobierno de demostrar ante la ciudadanía que las medidas por él propuestas son adecuadas para el bienestar general y así convencer a la oposición de que su opción de forzar una prórroga no era conveniente para la sociedad. Si tal cosa no se produjere, es evidente que no cabría otra salida que la dimisión o, en su caso, la convocatoria electoral.

Resumen

La prestación de servicios públicos requiere de un adecuado sistema de presupuestación que permita una correcta asignación de los tributos que se deben abonar por los ciudadanos a las distintas políticas de gasto posibles, con la flexibilidad suficiente como para aprovechar los ahorros generados en el ejercicio en la prestación de nuevos bienes, servicios o inversiones públicas, sin que la no aprobación de los presupuestos suponga una excusa para que quienes hayan sido elegidos por la ciudadanía rehúyan sus responsabilidades de gobierno.

Todo ello en base al cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron elegidos y de los que, obviamente, debieran de dar cuenta, cuando menos en la siguiente cita electoral.

Estamos entrando en otro tema que también está de actualidad: la transparencia. Pero, eso, es otro tema.