Acaba de finalizar una campaña electoral donde la mayoría
de los medios de comunicación ha dedicado grandes titulares, y la mayor parte
de sus páginas y horarios de máxima audiencia, a mítines y debates televisados
en los que las principales proclamas han versado sobre quién es el más español
de España, cuántas naciones hay en España y cuántos partidos habrá en España si
alguna de las formaciones (nunca mejor dicho) que se presenta llega al poder.
Temas todos ellos muy distantes de lo que debiera debatirse en unas elecciones.
Es decir, de conocer cuáles son las propuestas de gobierno para resolver los
problemas que afectan en el día a día al conjunto de la ciudadanía, a partir de
acuerdos mayoritarios asentados sobre bases democráticas. Acabamos de salir de
una crisis y según parece estamos a las puertas de otra. Nada nuevo si tenemos
en cuenta que la economía, como casi todo en la vida, está llena de ciclos.
Pero lo preocupante es que no hemos debido aprender las lecciones en términos
de democracia, o de ausencia de ella más bien, que nos ha dejado la última. Por
ello, no se entiende que no hayan estado sobre el tapete electoral de manera
clara y contundente medidas para garantizar una vida digna al conjunto de los
ciudadanos y, sobre todo, para disminuir las desigualdades sociales. Quizás
porque quienes realmente mandan no se presentan a las elecciones.
A finales del mes pasado se publicó un
informe de Credit Suisse según el cual el número de millonarios en España
se había quintuplicado entre 2010 y 2019 alcanzando la cifra de 979.000
personas, destacando entre ellas 2.198 que serían “ultrarricas”, es decir que
su patrimonio superaría los 50 millones de dólares. Un número, el de los “ultrarricos”,
que también ha crecido en los últimos años, y entre los que sobresalen 61
personas cuyo patrimonio rebasaría los 500 millones de dólares. Una clara
demostración, otra, de que durante la crisis los ricos se han dedicado a seguir
amasando grandes fortunas mientras el paro y los desahucios alcanzaron a
quienes menos tenían en niveles no vistos hacía muchísimos años. Además, como
otros indicadores demuestran, a día de hoy las condiciones laborales en materia
de precariedad y de salarios son claramente peores que antes de iniciarse el
último “socavón” económico. La primera conclusión es sabida por todo: los ricos
son más ricos y los pobres son más pobres. Pero, las implicaciones en términos
de democracia pueden ser mucho más graves de las que se perciben a simple
vista. Xabier Arzalluz lo tenía claro: “aquel
que tiene que besar la mano de quien le da el pan nunca será libre”.
Sin embargo parece que, a pesar de estos datos, algunos
siguen pensando que es necesario eliminar impuestos como el del patrimonio o el
de sucesiones y llegan incluso a afirmar, como lo hizo el fascista Espinosa de
los Monteros en el debate electoral de TVE1, que existen personas que deben
renunciar a la herencia por no poder pagar el impuesto sobre sucesiones, como
si eso afectase a la mayor parte de la ciudadanía. A quienes aseguran esto
habría que decirles que el impuesto de sucesiones, como impuesto directo que
es, depende a la hora de tributar de circunstancias tales como la relación de
parentesco con el fallecido de quien recibe la herencia, del importe heredado
y, también, de la normativa aplicable.
Pues bien, en Bizkaia el tipo de gravamen para los cónyuges e hijos se sitúa en
el 1,5%, con un mínimo exento de 400.000€ por cada sucesor. No parece por tanto
que, en estas circunstancias, las personas más próximas al fallecido deban
renunciar a la herencia por motivos fiscales. Claro que si el heredero es primo
del fallecido, o un extraño, y la herencia de 2.300.000€ el tipo es del 31,74%
y para lo que supere esa cifra del 42,56%. Pero, ¿es que la sociedad debe
garantizar el traspaso de semejante riqueza
a cualquier persona sin ningún tipo de tributación? ¿Por qué motivo?
Por
lo que respecta al patrimonio, hemos podido leer esta misma semana en DEIA un
artículo en el que se afirmaba que el Impuesto
sobre el patrimonio “ha dejado de tener sentido”. Este tipo de artículos,
los firme quien los firme y se publiquen donde se publiquen, ponen de manifiesto
que estamos ante una ofensiva para una involución fiscal tendente a hacer que
los que más tienen paguen menos impuestos. Una ofensiva en la que los poderes
económicos utilizan sin ningún rubor medios propios de propaganda con nombres tan
rimbombantes como Instituto de Estudios Económicos cuyos informes se hacen
llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación sin que
estos establezcan filtro alguno para realizar el más mínimo análisis crítico. Sólo
hay que entrar en la correspondiente página web para leer que dicho Instituto “fue creado en 1979 por un grupo de
destacados empresarios españoles… con
objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente
de creación y asignación de recursos”. También podríamos conocer que nació “como una Asociación con tres finalidades
fundamentales: el análisis de los grandes asuntos de carácter económico y
social; la creación y difusión de líneas de pensamiento que orienten, y en su
caso modifiquen, la opinión pública dominante sobre cuestiones económicas y
sociales; y por último, la formación de empresarios y dirigentes empresariales
en el ámbito de la economía libre de mercado, con especial atención al caso
concreto español.” Está claro que cumplen muy bien sus objetivos y que
están tratando de modificar la opinión pública dominante tratando de ocultar
que tras la crisis los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Simple y
llanamente porque su objetivo es ahondar esa brecha. No podría ser de otra
manera contando entre sus asociados con representantes de entidades
empresariales como CEOE, FUNCAS, UNESPA, A.E.B. y UNESA.
Pero
lo comentado hasta aquí quedará más corroborado, si cabe, si ponemos un
ejemplo. Un ejemplo extremo, si, pero suele ser con los casos extremos con los
que se puede ver perfectamente los efectos de una determinada actuación para
moderarla en su planteamiento o, en su caso, directamente no llevarla a efecto.
El ejemplo no es otro que Amancio Ortega. El empresario español ha sido noticia
en varias ocasiones en los últimos días en las páginas económicas, lo que sin
duda viene muy bien al objetivo del presente artículo. En primer lugar ha sido
noticia al cobrar esta semana 813 millones de los 1.626
que ingresará este año en dividendos de Inditex. Pues bien,
si Amancio Ortega fuese contribuyente de la Diputación Foral de Bizkaia el
próximo año, sólo a cuenta de esos dividendos, debería ingresar en las arcas
forales, a un tipo del 25%, la sustanciosa cantidad de 406,5 millones de euros
aproximadamente. Supongamos ahora qué ocurriría si esos ingresos los hubiese
obtenido por su participación en la Dirección de la empresa. Pues directamente
que, al ser rendimientos de trabajo personal, el tipo al que hubiese tenido que
tributar hubiese sido del 49% y como resultado hubiera tenido que pagar casi
el doble: unos 797 millones de euros. Pero es que los titulares de las 37.275 declaraciones
de Renta 2016 (última con datos publicados) que presentaron rentas por encima
de 56.000€ tributaron por encima de ese 25% con el que, eventualmente serían
grabados los dividendos del empresario español. Según los gurús del Instituto
de Estudios Económicos y sus fervientes seguidores (por lo que parece algunos
con influencia en Euzkadi) es lógica una discriminación que favorezca una baja
tributación de las rentas del ahorro ya que, según ellos, ese ahorro va
destinado a la inversión, a la generación de riqueza. Pero esta teoría tiene
dos puntos débiles. En primer lugar, no se diferencian en nada, y ambos tienen
el mismo valor a la hora de comprar, los euros
provenientes del esfuerzo del trabajo diario y los que se obtienen por
vivir de las rentas. Y, en segundo lugar, al que no le da para comer
difícilmente le da para ahorrar. En consecuencia, no se entiende de ningún modo
la “discriminación positiva” hacia los que más tienen articulada en nuestro
actual sistema fiscal mediante la existencia de una tabla de tributación para
la Base liquidable de ahorro y otra distinta para la Base liquidable general ya
que dicha diferenciación de rentas dota al sistema global de elementos
claramente regresivos. Esta regresividad queda demostrada tanto con el dato
anterior como con el hecho de que cualquiera de los titulares de las 379.869 declaraciones
que en 2016 presentaron rentas por debajo de 27.600€ fueron penalizados por
ahorrar, ya que su tipo medio de gravamen (antes de deducciones) fue menor del
20%, tipo mínimo con el que estuvieron grabadas las rentas de ahorro. Todo ello
sin añadir que, en el ejemplo, el que decide recibir sus ingresos en forma
de dividendos, y no de trabajo, es el propio contribuyente-accionista
mayoritario.
Entonces,
¿dónde está la inversión y la riqueza generada por ese ahorro de impuestos de
Amancio Ortega? Pues está muy claro: en su patrimonio. Así lo demuestra otra de
las noticias en las que ha aparecido el empresario en estos días. Según Forbes Amancio
Ortega es 5.000 millones de euros más rico que el pasado año y además, según
la misma fuente, mantiene su estrategia de inversión en activos inmobiliarios,
óptima desde su punto de vista fiscal puesto que a futuro estas rentas
seguirían tributando al 25%. Pero esta estrategia desde la perspectiva de las
instituciones públicas es preocupante, no sólo desde el punto de vista fiscal,
ya que supone que el mercado inmobiliario de los centros de muchas ciudades
importantes, como es el caso real de Bilbao, queda en manos de personas que
pueden condicionar su comercio y, en consecuencia su economía. No tiene sentido
proclamar a los cuatro vientos que el comercio es vida y lanzar campañas a
favor del pequeño comercio local cuando la mayor parte de los locales de sus
principales arterias comerciales son propiedad de una persona que, como en el
juego del Monopoly, puede seguir acumulando propiedades hasta quedarse con el
tablero completo. Y todo ello como consecuencia de una insuficiente fiscalidad
sobre la renta. Es aquí donde entra en juego el impuesto sobre el patrimonio.
Porque una sociedad será más justa cuanto menos desigualdades sociales existan
en su seno y eso no se consigue exclusivamente con una redistribución de la
renta. La reducción de las desigualdades sociales pasa también, o mejor dicho,
pasa sobre todo por una redistribución de la riqueza siendo imprescindible para
ello la utilización del impuesto que específicamente grava la riqueza de un
ciudadano: el impuesto sobre el patrimonio.
Ya
hemos visto cómo la Brunete fiscal considera que no tiene sentido el impuesto
sobre el patrimonio y, en coherencia con su objetivo de modificar la opinión pública
dominante, utiliza cualquier adjetivo para demonizar el mismo en los medios de
comunicación tachándole incluso de confiscador. Pues bien, como el caso del
impuesto sobre sucesiones y más tarde con el impuesto sobre la renta, unos
pocos datos pueden servir para explicar a la mayoría de los ciudadanos el
alcance real de este impuesto y quienes se ven afectados. Los datos recogidos
de la normativa de Bizkaia para 2018, última campaña realizada, son los
siguientes: la valoración de los inmuebles a efectos de este impuesto es del
50% del valor de adquisición, además, una vez calculada la base imponible, existe
una deducción como mínimo exento de la cantidad de 800.000€ y el tipo marginal
máximo es del 2% aplicado a bases que superen la cifra de 12.800.000€. Son sólo
tres detalles, pero sirven para ilustrar la “confiscatoriedad” del impuesto y
quiénes son los “confiscados”.
“Los ricos también lloran” fue
un culebrón mexicano producido para Televisa en 1979 que también pudo verse en
la península con grandes éxitos de audiencia. Es posible que sus productores no
tuvieran nada que ver con la creación del Instituto de Estudios Económicos el
mismo año a pesar de compartir la idea de conseguir sacar rendimiento a sus
lloros. Pero, a una sociedad que pretenda ser auténticamente democrática y que,
en consecuencia, promueva la reducción de las desigualdades sociales existentes
en su seno no debiera importarle las lágrimas de cocodrilo de quienes
únicamente tiene como objetivo el desarrollo económico entendido como
acumulación de su riqueza. Y es importante que no se tengan en cuenta sus
lloros, si no se quiere que esa riqueza mande más que los votos emitidos en
unas elecciones y que quienes la ostentan puedan condicionar por la vía de los
hechos las políticas del País con la amenaza de que si no se hace lo que dicen se
vayan del País, deslocalicen sus inversiones o, directamente, compren voluntades.
A pesar de que se aventure una nueva crisis, o precisamente por ello, es necesario
tener la cabeza fría y saber lo que se quiere: que no haya nadie que por su
riqueza pueda pretender siquiera que se le bese la mano para que alguien pueda
comer. Xabier Arzalluz lo tenía claro.
La libertad y la democracia están en juego.
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Buenísimo y clarificador el artículo. Me gustaría poder leer otra firma,que defienda, así de claro,el punto de vista contrario para comparar y elegir el modelo fiscal más justo y generador de riqueza para mi país.
ResponderEliminarAdos nago! N
ResponderEliminarTe sales tarzan, Oe, Oe, Oe.... Esa Ezkerraldea roja
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