El bloqueo de Santa Rita

"Parece mentira que políticos españoles desconozcan el sistema político vasco". Este comentario me lo hacía un amigo esta semana, en relación a las continuas afirmaciones en foros políticos, y también en tertulias periodísticas, en torno a que tras las próximas elecciones en Euskadi se puede producir un bloqueo como el que está haciendo que España lleve más de nueve meses con un Gobierno provisional (una situación ciertamente embarazosa). Mi amigo tenía razón y varios han sido los medios que han explicado cómo se elige en el Parlamento Vasco al Lehendakari de Euskadi. Un modelo en el que son los partidos los que proponen candidatos entre los parlamentarios electos y donde los parlamentarios votan después de haber escuchado a cada uno de los propuestos la presentación de sus respectivos programas. Es decir, proponen los partidos, puede haber varios candidatos, los candidatos tienen que ser parlamentarios y se vota de entre los propuestos dando un nombre, no un sí o un no.

Un sistema ciertamente distinto al español y, desde mi punto de vista, más democrático y eficaz. Sobre todo porque los candidatos los proponen los partidos políticos y no una institución intrínsecamente antidemocrática como la monarquía (no creo que sea habitual que la ciudadanía elija a su rey). Pero también, porque el procedimiento está regulado por un reglamento parlamentario, lógicamente el del Parlamento Vasco, reforzando el carácter parlamentario de la democracia vasca, y no nace de un texto legal como la sacrosanta Constitución Española con la dificultad que, según parece, tiene su modificación para atender necesidades internas, a pesar de que cuando las peticiones de reforma viene del exterior se modifique en un "pispás".

No obstante, entiendo la posibilidad de bloqueo y el "sí o no" al candidato propuesto por la monarquía. La Constitución nace tras la dictadura, con una transición donde los herederos del régimen se convirtieron en "demócratas" sin ni tan siquiera haber hecho un "curso acelerado" de democracia y sin haber pedido perdón por los crímenes del franquismo. Hoy mismo se sientan en el hemiciclo español personas que nunca han condenado el alzamiento contra un régimen democrático como lo era la República. La propia monarquía era (y es) la sucesora de Franco en la Jefatura del Estado. No olvidemos que fue Franco quien designó a Juan Carlos I como su sucesor suyo, a título de rey, dejándolo todo atado y bien atado. Por eso supongo que, ante la facultad del rey de proponer candidato a la Presidencia del Gobierno y de que, incluso, la propuesta recayese una persona que no fuese miembro del Parlamento, alguien pensaría que, por los menos, los parlamentarios debían reservarse la posibilidad de vetar tal propuesta. La idea me parece lógica. Por si a alguien no le parece tan lógica, le propongo que piense en cuál debiera haber sido la posición del parlamento español si tras la dimisión de Adolfo Suárez, en lugar de proponer a Leopoldo Calvo Sotelo, el rey hubiese propuesto como candidato a la presidencia al General Armada, como todos sabemos, uno de los principales actores del 23F.

Siempre he entendido que los cambios deben realizarse pensando en sus consecuencias por eso, si los partidos españoles deciden modificar el proceso de elección de su Presidente, quizás debieran pensar en modificar más de un aspecto.

Donde creo que hay pocos aspectos que analizar, pero que necesita de una modificación urgente, es en el hecho de que las Comunidades Autónomas puedan repudiar a los senadores que han sido elegidos para representarles. Está bien, y creo en ello, que los titulares de los escaños conseguidos en unas elecciones sean los propios candidatos y no los partidos proponentes, por cuanto entre la propuesta del partido y la consecución del escaño median unas elecciones donde los candidatos dan (o debieran dar) la cara, exponiendo sus propuestas y sus programas. El caso de los senadores por representación autonómica es un poco distinto. Aquí también existe una elección entre la propuesta y la obtención del escaño, pero ésta elección tiene lugar en unos parlamentos con unos regímenes de sesiones ordenados y que debieran, en determinadas circunstancias, poder revocar el nombramiento de quienes han elegido para representar a sus Comunidades. Sobre todo cuando, como en el caso de Rita Barberá, su nombre está mezclado en cantidad de casos de corrupción que están a punto de enfrentarla a los tribunales. No es de recibo que todos los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas, incluido el propio PP que la propuso, hayan votado la solicitud de dimisión de Rita Barberá como representante de dicha Comunidad y que dicha resolución parlamentaria no vaya a tener efecto alguno. Claro que siempre podemos encontrar a quien, como el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, piensa que Rita Barberá no debiera dejar su escaño. Es posible, incluso, que encontremos algunos que pidan que dimitan quienes la eligieron. Supongo que serán aquellos que recuerdan lo del Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Lo que pasa es que, hoy en día, no tiene pinta de que en los casos en los que aparece enredada la todavía senadora nadie haya dado nada que la señora Barberá tuviera derecho a coger. Más bien parece que ha sido ella o el partido del que formaba parte hasta esta semana la/los que han cogido algo que no debían. Tampoco parece que estemos hablando precisamente de una Santa. Lo que sí es cierto es que está bloqueando la posibilidad de que la Comunidad Valenciana pueda elegir una nueva persona que le represente dignamente en el Senado y que la ciudadanía que algún día confió en ella está bastante "cogida" y cabreada.

Como decía mi amigo: Parece mentira que los políticos españoles desconozcan el sistema político vasco.

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