Cada administración y cada partido, desde su posicionamiento político o desde las necesidades de la ciudadanía que los ha elegido, está en su perfecto derecho, dentro de su ámbito competencial, de hacer las propuestas que considere necesarias y, en consecuencia, es lógico que se pongan sobre la mesa propuestas antagónicas a aplicar en ámbitos territoriales distintos y que estas propuestas sean respondidas con alternativas por la oposición política. Cada cual es responsable de explicar, si baja los impuestos, qué servicios va a dejar de prestar o en qué sitio ha ahorrado dinero o, si los sube, a qué va a dedicar la recaudación extraordinaria. Serán los ciudadanos afectados por las medidas, a la vista de los argumentos y/o de sus resultados, los que valoren positiva o negativamente sus actuaciones.
El problema para el ciudadano en general se da cuando en un periodo corto de tiempo, como está ocurriendo ahora, concurren una vorágine de pronunciamientos al respecto con un nivel explicativo más de lucha partidista, o interinstitucional, que de ejercicio de responsabilidad con la ciudadanía que cada cual gobierna o pretende gobernar. Estamos, sin duda, ante una nueva forma de “infoxicación” (intoxicación informativa) en este caso referida al ámbito fiscal. Los ciudadanos deben conocer qué supone poner un impuesto a las eléctricas y a la banca, qué representa quitar el impuesto sobre el patrimonio, si se debe, o no, modificar el impuesto sobre la renta..., pero, sobre todo, deben conocer cuál es objetivo previsto con estas medidas y si existen alternativas en otras figuras fiscales, o en las partidas del presupuesto de gastos, para conseguir lo que se pretende. Y eso pocas veces se hace.
