Soy funcionario, y durante varios años estuve en la
gestión política, como Concejal en Getxo primero y más tarde como Director General en la
Diputación Foral de Bizkaia. He dedicado prácticamente toda mi vida laboral a
dos profesiones que suelen ser puestas en entredicho por gran parte de la
ciudadanía. Es probable que al decir la palabra funcionario lo primero que
venga a la mente, todavía, sea la imagen de un señor detrás de un mostrador
recogiendo unos papeles, muchas veces considerados innecesarios, para poder así
realizar algún trámite burocrático cuyos plazos de resolución son más largos de
lo que pensamos que debieran durar. Nos olvidamos entonces de que para que la
sanidad, la educación, la seguridad, hacienda pública o el sistema judicial
funcionen de manera adecuada es necesario un número muy importante de personas,
la mayoría con status de funcionario o asimilado, cuyo trabajo ayuda a sostener
nuestro sistema de bienestar y posibilita que nuestra vida se desarrollen
dentro de unos niveles de calidad desconocidos en otras partes del mundo.
Personas que tienen derecho a que se respete su régimen laboral Igual que el
resto de los ciudadanos para los que trabajan a cambio de sus impuestos.
No
pretendo con este artículo reivindicar ninguna mejora de tipo corporativo, sino
salir al paso de las críticas de Confebask en relación a la decisión del
Gobierno Vasco de restituir al personal a su servicio la jornada laboral de 35
horas semanales que disfrutaba antes del inicio de la crisis. Una crítica
efectuada hace ya más de dos meses, pero sobre la que quiero dejar constancia
de mi opinión en este foro tras comprobar que, ni antes ni después de esta
crítica sus señorías los empresarios ha manifestado opinión contraria alguna
sobre situaciones que yo calificaría, al menos, como de poco éticas y que de
manera directa o indirecta afectan también a los intereses públicos, por cuanto
afecta a sus ingresos.