A pesar de haber transcurrido ya
casi un mes, seguro que todavía somos muchos los que recordamos la imagen de
Rodrigo Rato siendo ayudado a entrar en un vehículo del Servicio de Vigilancia
Aduanera. El, en otros tiempos, Vicepresidente económico del Gobierno de Aznar
y ejemplo, para el Partido Popular, de cómo se defendían los intereses de la
Hacienda Pública y de cómo se conseguía sacar a un país de la crisis económica,
era detenido por quienes en otros tiempos dependían de él. Quien como Director
de Fondo Monetario Internacional no supo prevenir la gravísima crisis económica que hemos
padecido en los últimos años y de la que todavía no hemos conseguido salir, era
acusado de presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales. Quien como
Presidente de Bankia llevó a esta entidad a tener que solicitar ingentes
cantidades de dinero público para evitar su quiebra después de haber engañado a
cantidad de personas con la emisión de las “Preferentes” y de haber promovido
una más que dudosa salida a Bolsa de la entidad, aparecía en todas las
informaciones como una de las personas que se podrían haber acogido a la
amnistía fiscal concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Seguro que la
imagen pasará a engrosar la listas de las que son frecuentemente utilizadas en
telediarios y reportajes televisivos para analizar hechos del pasado. La
noticia se lo merece.
Pronto se pusieron en marcha los
mecanismos de control político. La oposición en pleno reclamó formalmente la
dimisión de Cristóbal Montoro, en otros tiempos su mano derecha y, según
algunas informaciones, instigador de la detención de quien fuera su jefe y
amigo, adelantándose a otras posibles actuaciones de órganos judiciales, menos
controlables en el tiempo, que podrían afectar en mayor modo a la imagen de su
partido y de su Gobierno. Imagen, ya suficientemente deteriorada por la
sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular. Pedro Sánchez,
Secretario General de PSOE, intervino en persona en la sesión de control al
Gobierno, celebrada la semana siguiente, reclamando a Mariano Rajoy la
publicación de las listas de las personas acogidas a la amnistía fiscal de 2012
y criticando dicha medida. La respuesta del Presidente no se hizo esperar. Espetó
al líder socialista que la amnistía promovida por su gobierno era similar a la
que habían puesto en marcha gobiernos socialistas en 1984 y 1991, que había
obtenido mejores resultados económicos y que los socialistas en aquellos años
tampoco publicaron las listas de quienes se acogieron a aquellas medidas, para
finalizar añadiendo que los socialistas en aquellos casos lo habían hecho bien
porque habían cumplido la ley que impedía dar esos datos y que él también la
pensaba cumplir.
Es aquí donde uno empieza a no
entender nada. Me parece muy bien que se cumplan las leyes. ¡Faltaría más! Pero,
¿cuál es el quid de la cuestión en este caso? ¿que lo diga una ley? o ¿que lo
diga porque alguien conscientemente ha legislado para que así sea y no lo
quiere cambiar?. Eso es precisamente lo que pretende con unas elecciones, ¿no?:
conseguir la mayoría suficiente para proponer
leyes que transformen la sociedad en el sentido que determina la idea o la
praxis política de quien la obtiene. Por lo tanto, si no se quiere entregar la
lista de defraudadores es porque se legisla para ello. Y si se quiere, se
propone modificar las leyes vigentes si dificultan tal voluntad. Tan sencillo
como eso.
Lo cierto es que no conozco ningún
gobierno, con competencias en materia fiscal, que haya hecho pública una lista
de estas características, ni de deudores con el fisco, ni tan siquiera que haya
publicado la lista de los delincuentes juzgados y condenados por delitos contra
la Hacienda Pública. Pero, resulta llamativo que, quienes desde labores de
oposición reclaman un ejercicio de transparencia en la actuación pública, no
reclamen las listas de quienes han delinquido dificultando nuestro acceso a los servicios
públicos. Y más llamativo, si cabe, que desde los medios de comunicación no se
realice seguimiento alguno del trabajo de los juzgados en esta materia, como lo
hacen ante otros casos de delincuencia. Al fin de al cabo los juicios en este
país son públicos y, por tanto, cualquiera puede enterarse de qué tipo de
delito se está juzgando y quienes son las partes.
Hace ya algún tiempo y con motivo de
un debate sobre cómo enfocar la participación ciudadana en la política alguien
defendía que un Ayuntamiento era como una gran comunidad de vecinos. Esa idea
se me quedó grabada porque, conceptualmente, era perfecta, aunque el modo de
llevarla a la práctica fuera un poco más complicado. En la última semana de
Abril he tenido que acudir a la juntas de dos comunidades de vecinos, la de la
casa donde reside mi padre y la de la casa donde resido con mi familia, y puedo
asegurar que en las dos se sabe perfectamente quienes son los morosos y cuál es
el importe de su deuda. No entiendo, en consecuencia, que no se sepa quiénes
son los que mantienen deudas con la Hacienda Pública y, mucho menos, el interés
por ocultar los nombres de los chorizos que han intentado defraudarla. Espero
que ahora que estamos en periodo electoral, haya algún partido con voluntad de
gobierno que tome conciencia de esta lacra y nos proponga un cambio normativo
en esta materia. Sería de agradecer.
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